Ser justo

Nací en Maracaibo, el 24 de mayo de 1965.

Integro una familia de inmigrantes alemanes que llegó a las costas del estado Falcón en la segunda mitad del siglo XIX, huyendo de las persecuciones políticas y penurias económicas que, desde años anteriores, empezaron a azotar la mayor parte de Europa. 

En 1895 mis antepasados deciden establecerse definitivamente en la población de Puerto Cumarebo,"La perla de Falcón", constituida en su mayor parte por costas y llanuras surcadas por ríos y pequeñas quebradas, además de colinas que le dan un aspecto montañoso.

En 1940, mi abuelo José Rafael enviuda y se hace cargo de la crianza de sus hijos, al tiempo que se dedica tesoneramente a la actividad agrícola y pecuaria en el pueblo. Ya en 1948, Orlando, su tercer hijo, se marcha a Caracas para estudiar medicina en una de las épocas más convulsas de la historia política venezolana. Éste se incorpora a la generación de jóvenes que hizo frente a la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez; por lo que, en 1952 es expulsado de la Universidad Central de Venezuela junto a otros estudiantes por participar en varias protestas pacíficas contra el régimen. Sin embargo, este infortunado suceso no le impidió, luego, graduarse de Odontólogo en la Universidad de Los Andes en 1958.

También en 1958, Orlando Apitz Rhode, contrajo matrimonio con Carmen Nohelia Barbera y se trasladan a Maracaibo, donde nacen tres de sus hijos, entre esos yo. En 1970, mis padres se establecen definitivamente en la ciudad de Caracas, como vecinos de la Urbanización Las Acacias.

Estudié bachillerato y, posteriormente, ingresé a la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, desde donde participé activamente en el movimiento y la lucha estudiantil, y tuve militancia destacada en la Democracia Cristiana Universitaria. Luego de apasionarme por la generosidad de la justicia y el estudio de las leyes, finalmente, me gradué de abogado en 1989 e inicié mi actividad profesional, la cual compartí entre la actividad privada y la académica. Más tarde obtuve mi Doctorado en Derecho en la UCV.

Todo ese tiempo dedicado a la docencia universitaria y al ejercicio exitoso de la profesión, me acompaño un pensamiento: “No trates de salvarte sin salvar a la sociedad, porque puedes terminar teniéndolo todo en donde no valga la pena tener nada” (Sócrates).

Después, en el 2000 fui convocado para integrar, en condición de Magistrado, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, tribunal nacional destinado a revisar la legalidad de las actuaciones del poder público nacional, estadal y municipal. Esa oportunidad supuso un reto de gran envergadura para mí (un abogado con apenas 35 años), pues las denuncias por la ineficiencia y corrupción del poder judicial venezolano eran antiguas y numerosas.

No obstante, bajo nuestra gerencia el tribunal inicia una ambiciosa labor de renovación judicial encaminada a incrementar su productividad y aplicar la Constitución y las leyes de forma independiente e imparcial.

A partir de agosto de 2002 dicté, junto a mis compañeros jueces, sentencias que fueron asumidas por el gobierno nacional como atentatorias a sus planes e  intereses políticos. Tal es el caso de las sentencias que declararon nulos los Consejos de Investigación de los militares que participaron en los sucesos de abril de 2002; la que decretó la restitución al Alcalde Metropolitano de Caracas de los bienes, instalaciones y dependencias de la Policía Metropolitana de Caracas; la que ordenó al General de División (G.N.) Luis Felipe Acosta Carlez y al INDECU la cesación inmediata de las agresiones, amenazas, así como del decomiso y requisición de camiones y productos alimenticios y bebidas comercializadas por Cervecería Polar y Pepsi Cola Venezuela C.A.; la que reconoció la inamovilidad laboral de los empleados y trabajadores petroleros adscritos al sindicato UNAPETROL; y la que prohibió la participación de médicos cubanos y ordenó la sustitución de éstos por médicos venezolanos, en el programa de asistencia médica primaria denominado PLAN BARRIO ADENTRO, entre muchas otras.

Estos fallos generaron un manifiesto descontento dentro del gobierno nacional, que en septiembre de 2003 comienza una ola de ataques contra los magistrados de la CPCA, hasta que en octubre del mismo año, ordena y ejecuta nuestra arbitraria destitución.

Luego de agotar todos los recursos judiciales internos en Venezuela, presentamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el 6 de abril de 2004, pues nuestra ilegal e ilegítima destitución significó una flagrante violación de derechos humanos esenciales reconocidos por la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y de la “Carta Democrática Interamericana”. 

Tras un largo y disputado proceso judicial, el 5 de agosto de 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia definitiva, en la que obliga al Estado a reintegrarnos al Poder Judicial y repararnos los daños causados. Esta sentencia aún no ha sido acatada. 

En 2009, oficialicé mi candidatura a las elecciones parlamentarias del 26 septiembre de 2010, impulsado por mi vocación de servicio público y profundo deseo de luchar contra la injusticia, la impunidad, la desigualdad ante la ley y el desconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos de los venezolanos.

He dedicado mi vida a la justicia y al derecho, estoy comprometido a luchar para alcanzar una nueva justicia, es decir, una justicia verdadera e igualitaria para los ciudadanos, la cual constituye el único marco posible para la libertad, el progreso y el verdadero desarrollo de la Nación.